Se suspende temporalmente el bloqueo cautelar de Telegram

El bloqueo cautelar de Telegram que tendría que haber ocurrido hoy, ha sido suspendido temporalmente por el mismo juez que lo pidió, Santiago Pedraz, según cuentan en elDiario.es.

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La razón ha sido una petición a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional para que realice un informe sobre Telegram y el impacto que este bloqueo tendría sobre los más de ocho millones de personas que la utilizan cada día. Algunos de esos usuarios efectivamente suben contenidos protegidos por derechos de autor sin tener permiso para hacerlo, incurriendo en un delito, pero la inmensa mayoría de los mismos no hacen eso, y este cierre haría que todas esas personas pagaran por los delitos de unas pocas.

Probablemente sea por esta razón que al señor Pedraz le habrán llegado muchas preguntas y cuestiones de muchas personas y por esa razón haya decidido conocer exactamente el impacto que tendría su decisión, aunque probablemente si estás leyendo esta web a ti te parezca bastante obvio qué impacto tendría: Sería una enorme injusticia para los usuarios que no han cometido ningún tipo de delito en este servicio, y es que, se mire como se mire, no es justo ni coherente cerrar una plataforma entera por lo que hacen algunos de sus usuarios. Se podría decir que algo así sería equivalente a cerrar una autopista para todos porque algunos de sus usuarios exceden el límite de velocidad.

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Por alguna razón en el caso de la autopista no parece tener ningún sentido, pero en el caso de la App, aún hay personas que piensan que es una medida justa y proporcionada al problema que presentan esos contenidos ilegales publicados en algunos canales de Telegram.

Señor juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, lo que tiene sentido en este caso es encontrar la manera de que Telegram conteste a sus peticiones y se haga cargo de moderar los contenidos ilegales que permite subir a sus usuarios sin comprobación alguna. Sí, muy probablemente es muy difícil por no decir casi imposible, pero probablemente deba ser el derecho internacional en este caso el que tiene que socorrer a la justicia española, en lugar de intentar cerrar la autopista y perjudicar a todos los usuarios que no delinquen en la misma, que son la inmensa mayoría.

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